La Prefecta del Azuay, Socióloga Cecilia Méndez, en su derecho a la réplica, a través de una rueda de prensa respondió a las declaraciones del 20 de enero emitidas por la Viceprefecta. La Prefecta indicó que se tomó la decisión de reorganizar una parte importante del Gobierno Provincial del Azuay, como lo es el Departamento de Participación Ciudadana, cuya delegación había sido otorgada a la Lcda. Magaly Quezada, Viceprefecta del Azuay, “Hubo un corto tiempo en donde se pudo trabajar conjuntamente de manera armoniosa, como todo cogobierno debe de ser, sin embargo, el 9 de enero del año en curso, se presentó una situación que marcó un hecho que resulta inadmisible pensar que las decisiones del Gobierno Provincial del Azuay atañe solamente a un espacio territorial de esta provincia. Me parece un error, no era debido ni pertinente en mi comprensión de lo que es la conducción de un espacio como lo es el Gobierno Provincial del Azuay” explicó.
Méndez aclaró que los problemas institucionales deben ser discutidos en sus respectivos espacios físicos, políticos y simbólicos, ya que es inaceptable que se usen espacios privados para tratar temas públicos. Recalcó que es un error, porque, “como entidad pública se tiene que tomar las decisiones en los espacios físicos correctos. A la política se la debe de entender como un compromiso permanente por sacar adelante al Azuay. Por ello, hay que construir agendas de trabajo, diálogos y acuerdos con todas las personas y actores fundamentales que conforman el Gobierno Provincial del Azuay, por lo que, no se puede asumir agendas que no estaban debidamente discutidas”.
Además, precisó que a la Viceprefecta no se le han retirado sus funciones, pues cumplirá con la representación del Gobierno Provincial del Azuay en importantes instancias, donde está encargada de la coordinación con el resto de instituciones de nuestra localidad.
“Se necesita reconocer el esfuerzo y responsabilidades de los directores de los departamentos del Gobierno Provincial, y es por ello que se realizó un estudio, donde se daba a conocer que se incumplía la ley con los salarios.” manifestó. También explicó que en el Gobierno Provincial laboran personas de acuerdo a la experiencia laboral y perfil.
La Prefecta expuso que los $30.000 invertidos para solucionar el tema limítrofe de Molleturo, que es uno de los asuntos más importantes de la provincia, incluye asesoría jurídica, acompañamiento y más “En mi concepción Molleturo merece los $30.000 y mucho más, porque lo que está en juego es la soberanía y la dignidad de un pueblo (…) no se trata solo de una consultoría, es un tema de acompañamiento que se hizo en etapas, en compañía y en participación de expertos en el tema. No es un conflicto cualquiera (…) es un tema que atañe al derecho en específico, y además tiene tintes políticos muy fuertes. Es por eso que nos vimos en la necesaria responsabilidad y obligación de ver a los mejores (profesionales) que tiene nuestra provincia (…) $30.000 no fue para los honorarios de estos distinguidos profesionales, fue para todo un proceso” aclaró.
Finalmente, la Prefecta reiteró que apoya totalmente a la señora Viceprefecta su actuar como fiscalizadora, “hay que recordar que se es responsable por lo que hace, y de igual manera, por lo que se deja de hacer “. Además, explicó que el tema de adquisición de automotores para el Azuay, fue trabajado por tres comisiones: la Comisión Anticorrupción, la Comisión Ciudadana y la Comisión Técnica.
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