En Sesión Ordinaria llevada a cabo este jueves 13 de marzo de 2025, el Consejo Provincial del Azuay aprobó por unanimidad cuatro resoluciones, como medidas de presión, ante la deuda de alrededor de 13 millones de dólares que el Gobierno Nacional mantiene con la Prefectura del Azuay correspondientes al mes de diciembre de 2024 y a enero y febrero de 2025.
El prefecto Jota Lloret Valdivieso manifestó que las deudas acumuladas ponen en riesgo no solo la ejecución de los proyectos de cambio de la matriz vial, riego y desarrollo productivo, sino también la capacidad operativa de la institución.
Cantones como Pucará, Santa Isabel, San Fernando, Camilo Ponce Enríquez, Girón y Guachapala atraviesan momentos adversos pese a la vigente declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Nueve provincias no han recibido los recursos, lo que supone un trato discriminatorio para el Azuay, dado que aporta 930 millones de impuestos anuales.
Sin embargo, pese a las permanentes gestiones no ha existido respuesta alguna de las autoridades gubernamentales, remarcó el Prefecto.
Wilson Ramírez, alcalde de El Pan, manifestó que las resoluciones implican un llamado de atención al Gobierno para que cumpla la Ley y los recursos lleguen de manera oportuna a la ciudadanía al tratarse de un derecho constitucional.
Dado ello, el Consejo Provincial resolvió por unanimidad lo siguiente:
- Exigir al Ministerio de Economía y Finanzas la inmediata transferencia de las asignaciones presupuestarias que adeuda a la Prefectura del Azuay, así como a los GAD municipales y parroquiales.
- Llamar al ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, al pleno de la Cámara Provincial en un plazo de ocho días para que informe a la ciudadanía el retraso en las transferencias.
- De persistir los incumplimientos se convocará a la Asamblea Provincial del Azuay como máxima instancia de participación democrática y ciudadana.
- Emitir la resolución a los asambleístas de Azuay, para que adopten acciones de fiscalización y control en el Poder Legislativo y emplacen al representante de la Cartera de Estado a comparecer ante el Parlamento.
